El pasado martes 5 de diciembre, a las 10:05 horas, se llevó a cabo la audiencia de preparación del juicio oral contra el imputado y exconsejero regional Juan Pablo Díaz Burgos por el delito de Malversación de Caudales Públicos.
Esta audiencia había sido pospuesta en varias ocasiones, principalmente por la defensa del exalcalde de Graneros. Sin embargo, en esta ocasión, el abogado de Díaz Burgos estaba solicitando nuevamente la reprogramación del juicio “por cautela de Garantía“, pero la jueza del Juzgado de Garantía de Graneros, Verónica Encina Vera, denegó esta petición.
Es importante recordar que varios cheques de la Corporación Cultural de Graneros, firmados por el entonces alcalde de Graneros (Juan Pablos Díaz) y la tesorera de la Corporación, fueron emitidos a nombre del contador de la Corporación Luis Miranda Moya.
El monto total de los cheques ascendía a más de 148 millones de pesos. “Todos los cheques se giraron sin tener ninguna justificación o motivación y fueron cobrados por caja por parte de Luis Miranda Moya, en la sucursal de Graneros del Banco Estado”, señaló el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Según la demanda, se identifican $32.963.744 que la Corporación Cultural de Graneros no ha justificado documentalmente en relación con sus actividades, y que también fueron sustraídos por los acusados.
En la audiencia del martes, tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado presentaron los mismos argumentos de hecho y de derecho que han sustentado esta causa durante diez años.
El 22 de marzo de 2023, en un juicio abreviado, se dictaron las primeras condenas, siendo el contador Luis Miranda Moya y Josefina Berríos Sabak sentenciados a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo.
Finalmente, a los condenados se les cambió la pena de reclusión por la de Libertad Vigilada Intensiva. El único juicio pendiente es el del exconsejero regional, Juan Pablo Díaz Burgos, quien también se postulará nuevamente como candidato a la alcaldía de Graneros.
El Ministerio Público solicita una condena de 7 años de prisión
Según el Ministerio Público, los hechos ocurridos en la Corporación Cultural de Graneros constituyen el delito de Malversación de Caudales Públicos, tipificado en los artículos 233, 234 y 235 del Código Penal.
Por lo tanto, solicita una condena de 7 años y 6 meses, una multa equivalente al doble de lo sustraído, inhabilitación absoluta temporal en su grado medio para cargos y oficios públicos, así como la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
Además, se solicita el pago de las costas según lo establecido en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal.
El Consejo de Defensa del Estado ha solicitado una condena de 10 años de prisión
Durante la audiencia, el Consejo de Defensa del Estado, en su calidad de acusador particular, expresó que “En opinión de esta parte querellante y acusadora particular, son aplicables al caso los siguientes preceptos legales: 1, 7, 11, 15, 21, 28, 30, 233 N°3, 238 inciso segundo y 260 todas del Código Penal; artículos 261 letra a) y siguientes del Código Procesal y demás normas pertinentes“.
“Considerando la pena asignada por ley al delito, el grado de desarrollo del mismo, la participación atribuida, la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, solicito que se condene a los acusados a la pena de 10 años y un día de prisión mayor en su grado medio y una multa de 15 UTM para cada uno de los acusados, además de las accesorias generales del artículo 28 del Código Penal, es decir, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, así como el pago de las costas según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal”, detalló el CDE.
