En concordancia con uno de los objetivos prioritarios en materia educativa del Gobierno, el titular de Educación, Marco Antonio Ávila, dio a conocer este miércoles ante la Comisión de Educación del Senado el proyecto de ley orientado a reformar y perfeccionar el Sistema de Educación Pública, instaurado en 2017 mediante la Ley 21.040.
Este proceso de transformación, iniciado en 2018, ha marcado una transición progresiva de los centros educativos municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), restituyendo así al Estado un papel preponderante en la educación pública nacional. Actualmente, hay 11 (SLEP) operativos y otros 16 en proceso de asumir la responsabilidad de sus respectivos establecimientos, un proceso que continuará hasta alcanzar la cifra de 70 SLEP para 2027.
Si bien esta reforma ha propiciado mejoras en la calidad de la educación pública, tales como el respaldo técnico-pedagógico brindado a los centros educativos, facilitando el desarrollo de innovaciones y estrechando la relación con las escuelas, su implementación también ha enfrentado desafíos documentados en investigaciones académicas y por el Consejo de Evaluación de la Educación Pública.
El ministro Marco Antonio Ávila enfatizó que “la educación pública desempeña un papel crucial en todos los sistemas educativos, al garantizar el derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes, y adquiere una relevancia aún mayor en el contexto de la reactivación educativa que estamos promoviendo. Es por eso que nos hemos comprometido a perfeccionar la implementación del Sistema de Educación Pública”.
Por consiguiente, este proyecto de ley del Ministerio de Educación contempla ajustes en tres aspectos fundamentales: fortalecimiento de la gobernanza del Sistema de Educación Pública; mejora del proceso de transferencia de establecimientos educativos a los SLEP; y optimización de la gestión financiera de los SLEP.
En lo referente a la gobernanza, se propone mejorar la coordinación y los roles de las instituciones del Mineduc, la Dirección de Educación Pública y los SLEP, así como consolidar las Unidades de Infraestructura y establecer que sus líderes sean seleccionados mediante el sistema de Alta Dirección Pública, entre otras medidas.
En cuanto al traspaso de establecimientos, se ampliará el plazo de 10 a 22 meses para que los SLEP asuman sus escuelas y liceos desde su creación, con el fin de que dispongan del tiempo necesario para llevar a cabo de manera adecuada su proceso de establecimiento. Además, se promoverá la participación de funcionarios municipales en el traspaso mediante concursos, siempre que hayan desempeñado funciones afines en el ámbito municipal y completen un proceso inductivo, incluida capacitación previa.
En el ámbito de la gestión financiera, se extenderá el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) hasta 2029, asegurando una asignación anual de $100 mil millones. También se simplificará la transferencia de recursos desde el Mineduc y la Dirección de Educación Pública a los SLEP, garantizando su correcto uso mediante la emisión de resoluciones que regulen sus fines, usos y rendición de cuentas, para asegurar que los fondos lleguen en tiempo y forma, entre otras medidas.
“Basándonos en la evidencia recopilada, creemos que la Ley 21.040, que representó un gran avance para dotar al país de un Sistema de Educación Pública, requiere de algunos ajustes, y estamos convencidos de que esta es una respuesta que el país le debe a la ciudadanía para fortalecer el sistema”, concluyó el ministro.
Flexibilización de la SEP
En paralelo, el ministro Ávila también participó en el Senado en la tramitación de un proyecto de ley que extiende y moderniza el uso de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), ampliándola para fines educativos generales en el contexto de la reactivación educativa. Para ello, el Gobierno solicitó una ampliación del plazo para introducir enmiendas, con el fin de estudiar mecanismos que eviten la acumulación de saldos, fomentando así la ejecución de la subvención, aunque manteniendo el control financiero a través de convenios; revisar las atribuciones de la Superintendencia de Educación en caso de no ejecución de recursos SEP; e incorporar mecanismos para reducir la acumulación de saldos y controlar el lucro de los recursos desafectados.
