Mientras la atención pública se centra en el cierre de la fundición Ventanas de Codelco, otra empresa estatal, ENAP, enfrenta una encrucijada en Concón: a finales de julio, alcanzará el límite anual permitido de emisiones según las regulaciones ambientales. ¿Las opciones? Paralizar parte de la refinería o enfrentar multas millonarias e incluso el cierre. Todo esto en medio de una disputa legal con el Ministerio del Medio Ambiente.
La fecha límite es inamovible. El 31 de julio, la refinería Aconcagua de ENAP en Concón tendrá que tomar una decisión difícil: arriesgarse a multas cuantiosas o detener una parte importante de su operación.
Ese día, la empresa habrá alcanzado el límite de emisiones permitidas anualmente, según el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) del Ministerio del Medio Ambiente, que abarca las comunas de Quintero, Concón y Puchuncaví.
Fuentes internas de ENAP señalan que la empresa es consciente de la necesidad de cumplir con las normativas ambientales, especialmente después de los incidentes en Ventanas, donde no pueden permitirse contaminar más allá de lo permitido, dada la grave situación en la llamada «zona de sacrificio» y sus impactos en la salud de los residentes.
Sin embargo, también reconocen que no pueden poner en peligro el suministro de combustible en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, que dependen en gran medida de sus operaciones.
Una de las posibles soluciones sería detener parte de la producción de la refinería y suspender el proceso de cracking, que convierte el petróleo crudo en productos refinados como parafina, diésel y gasolina. Esto obligaría a ENAP a importar grandes cantidades de productos refinados, lo que aumentaría los costos, pero sería una medida temporal hasta que se reinicien las cuentas de emisiones anuales en diciembre.
Consultados sobre las posibles consecuencias laborales, fuentes cercanas a la empresa descartaron que una paralización afectara a los empleados.
El Comienzo
Todo comenzó el 21 de agosto de 2018, cuando una nube tóxica de color amarillo apareció en los cielos de Quintero-Puchuncaví. Cerca de 30 estudiantes de diferentes colegios de la zona se sintieron mal y fueron intoxicados.
Aunque no se ha identificado la fuente de la contaminación, está claro que las industrias en esa área, conocida por sus altos niveles de emisiones, son las responsables. A pesar de los recursos presentados por los residentes y organizaciones, nunca se establecieron las causas directas.
La Corte Suprema desestimó los recursos, pero instó a las autoridades a tomar medidas para reducir las emisiones y identificar fuentes de contaminación. Así nació el decreto 105, que dio origen al PPDA de Quintero, Concón y Puchuncaví en marzo de 2019.
Este plan exige a las empresas de la zona, incluidas Codelco, AES Andes (anteriormente AES Gener) y ENAP, reducir significativamente sus emisiones en un plazo determinado.
Judicialización
ENAP buscó diversas soluciones para cumplir con estos objetivos, incluido el proyecto Wet Gas Scrubber, que reduce las emisiones en el proceso de cracking. Sin embargo, debido a los plazos de instalación, la empresa solicitó una prórroga al Ministerio de Medio Ambiente, que no recibió respuesta.
Finalmente, ENAP presentó un recurso de protección contra el Ministerio de Medio Ambiente, argumentando que la resolución era imposible de cumplir. La respuesta del ministerio fue que la empresa podría haber cumplido con los plazos establecidos.
Las consecuencias del incumplimiento podrían ir desde multas hasta la clausura temporal o definitiva de la unidad, de acuerdo con la legislación vigente.
